En las últimas semanas el panorama político español, initroduciendo tal vez las revueltas populares islámicas en occidente, está cambiando. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, han salido a las calles para dejar patente su indignación por un sistema político pútrido, unos gobernantes corruptos y carentes de ideales y un gobierno incapaz de gestionar una crisis y de minimizar su impacto en la sociedad a la que gobierna con renglones torcidos, pero sin escribir recto.
Este movimiento social y apolítico busca transformar de manera más o menos efectiva la política de nuestro país. Son numerosos los casos de corrupción que salpican a nuestros políticos, de unos y otros no lo olvidemos, que podemos analizar en todas las épocas. Así, por ejemplo, me viene a la mente el caso del Conde del Real, Pedro Sánchez de Calatayud.
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| Armas de Cerdeña |
Procedente de una familia noble del reino de Valencia, el I Conde del Real -título concedido por Felipe III al XI Señor del Real en mayo de 1599- estaba emparentado con la Casa ducal de Gandía y tenía, por tanto, importantes lazos clientelares con la facción que dominaba la Corte en ese momento. El Duque de Lerma, todo poderoso valido de Felipe III, le envió al reino de Cerdeña cono Virrey en 1603, cargo que ocupará hasta 1610, cuando es llamado a Madrid por los numerosos informes que, procedentes del Consejo de Aragón, llegan sobre sus actividades poco lícitas en la isla. Ante las presiones, Lerma se ve obligado a enviar a Alonso Carrillo como Visitador General para esclarecer la situación. Durante el transcurso de sus investigaciones hace acopio de numerosa documentación que le sirve para pormenorizar las cantidades que el Virrey había obtenido de sus actividades turbias. Concretamente, las ganancias que obtuvo en tan sólo tres años investigados doblaban las pertenecientes a la Corona. Además, se le acusaba de mala praxis en la justicia, violación de las pragmáticas de Felipe II relativas al cultivo y comercio del cereal y mala gestión del comercio marítimo sardo y del cobro de los impuestos.
Ante tal panorama Carrillo sólo puede enviar su voluminoso informe a Madrid y a lo sumo, proponerle eventuales remedios. Y es que la figura del Visitador sirve para informar a los órganos centrales de gobierno y, por ello, los procedimientos de visita no conocen una fase ejecutiva en la "periferia", sino que el juicio se remite a los miembros del Consejo de Aragón para que instruyan un sumario ulterior que preceda a un eventual juicio formal en presencia de los inculpados. No obstante hay que señalar que en los archivos se carece de información sobre esa última fase. En muchas ocasiones es fruto de la condescendencia excesiva de los jueces encargados, de las absoluciones otorgadas o de los aplazamientos sine die del proceso. En este caso el rey le dio una absolución post mortem para restituir la honra de sus hijos.
En el siglo XVII, como en el XXI, la realización de una "limpieza general" de este tipo a menudo no cambia la situación precedente, más bien la maquilla y hace acallar las voces discordantes. Entonces, como ahora, este tipo de acciones se llevan a cabo en un contexto político condicionado por los intereses tanto de la facción dominante en la Corte como por sus ramificaciones en la "periferia". Así, el sistema de blindaje que se desarrolla en torno a la figura dominante en Madrid sigue siendo un fondeadero seguro para los barones regionales que siguen saliendo indemnes de sus corruptelas.
Quien quiera -o sepa- entender, que entienda.
